Actualización sobre el caso judicial contra el gobierno del Reino Unido por el uso de la tecnología 5G
Por B.N. Frank, 9 de febrero de 2023
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Audiencia contra el 5G, febrero 2023
Informe oficial de la AA5G: enlace TBC
La Revisión Judicial fue finalmente celebrada esta semana, después de 3 años de duro trabajo. La sala del tribunal tuvo que ser cambiada debido al gran número de público asistente. La afluencia de público fue increíble, entre 60 y 70 personas los dos días. No quedó ni un asiento libre en el Tribunal 73. Independientemente del resultado, hay que agradecer enormemente a las demandantes, Karen y Vicky, sus tres años de trabajo, coraje y fortaleza, así como al equipo jurídico por mantener el rumbo y estar a la altura del difícil reto.
Los motivos originales presentados para la revisión judicial fueron rechazados inicialmente, pero en la apelación del año pasado se permitió que dos de los motivos siguieran adelante hasta la vista. Los antecedentes jurídicos del caso pueden consultarse aquí.
Hay opiniones divergentes, de legos y expertos, sobre cómo se construyó el caso y los puntos particulares de enfoque, pero dejando esto a un lado podemos informar de lo siguiente:
Los dos motivos admitidos a trámite son:
1. 1. La falta de información adecuada o efectiva al público sobre los riesgos y sobre la forma en que, si fuera posible, los particulares podrían evitarlos o reducirlos al mínimo;
2. (a) La falta de razones adecuadas y suficientes para no establecer un proceso para investigar y establecer los efectos adversos para la salud y los riesgos de efectos adversos para la salud de la tecnología 5G y/o para descartar los riesgos presentados por las pruebas disponibles; y/o (b) el incumplimiento de los requisitos de transparencia y apertura exigidos a un organismo público.
Estos motivos suponen una infracción de la Ley de Derechos Humanos de 1998 por omisiones y fallos en violación de las obligaciones positivas de proteger la vida, la salud y la dignidad humanas, exigidas en los artículos 2, 3 y/u 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Lunes 6 de febrero de 2023
Michael Mansfield (MM) expuso cuidadosamente la posición de los demandantes durante una sesión informativa de 5 horas ante la jueza Mary Stacey.
El público debe ser informado con transparencia sobre los riesgos que encuentra o se ve obligado a afrontar. Cuando existe un peligro, debe estar articulado y señalizado, de modo que estemos preparados para tomar decisiones sobre nuestra relación con él. Por supuesto, este escenario ideal es cada vez más discutible, ya que la exposición medioambiental se nos impone sin "ningún lugar donde escondernos".
El gobierno se ha alineado con las directrices de la ICNIRP, que defiende únicamente un modelo térmico de riesgo, que muchos cuestionan. Este caso no tenía que ver con este debate, la ciencia que sustenta la política no puede ser cuestionada en un tribunal administrativo.
MM señala que, no obstante, el Gobierno ha tomado las directrices de la ICNIRP como norma elegida, pero ha inferido y transpuesto afirmaciones injustificadas y engañosas sobre ellas: afirmaciones de que "la 5G es segura".
No se ha ofrecido al público ninguna definición del espectro de riesgo, ni se ha hecho referencia a las directrices y pruebas de otros organismos que fueron descartadas por el Gobierno, pero que demuestran que el problema es muy real.
Cuando existe una cantidad y calidad creíble de pruebas contradictorias sobre un peligro, un hecho que en sí mismo exige un debate serio, entonces esto también debe implicar un nivel de riesgo, que no se está presentando. En cambio, vemos frases vagas como "es improbable que cause daño" y "la exposición no debería aumentar" invadiendo la publicidad gubernamental de la 5G.
Esta actitud también contrasta con el consejo de PHE de que "los adultos deberían poder tomar sus propias decisiones con conocimiento de causa". Deberíamos poder elegir un enfoque preventivo o de precaución para nuestra exposición a las radiofrecuencias, pero no podemos hacerlo sin información, y cada vez menos a medida que el espacio público se llena de radiofrecuencias.
Cuando el Gobierno optó por publicitar positivamente y promover la causa de la 5G, también asumió la responsabilidad de informar de forma transparente al público sobre los riesgos conocidos para la salud (aunque esto no guíe su política), las formas de mitigarlos y los procedimientos para supervisar y notificar los casos de lesiones o daños.
Además, las directrices elegidas por la ICNIRP no protegen a los grupos vulnerables existentes que deberían ser tenidos en cuenta y que merecen que se les facilite información para ayudarles (pero no ha sido así).
Los daños derivados de la exposición a radiaciones de radiofrecuencia no ionizantes son, en particular, una enfermedad o dolencia registrada y reconocida por la OMS, desde 2005, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10.
Martes 7 de febrero de 2023
La defensa no había presentado las solicitudes secundarias con los formularios N244 requeridos. El juez les reprendió por su falta de rigor procesal.
"Ustedes son el Gobierno y ni siquiera pueden cumplir las normas y procedimientos más básicos del tribunal. Han tenido dos meses para hacerlo bien".
Después de un comienzo vergonzoso, la defensa trazó su línea en la arena y redobló sus afirmaciones de que 1. "5G es LO MISMO que los otros G, un mero ejercicio de marca" y 2. que "no hay riesgo de RFR siempre que la exposición esté por debajo de los niveles guía de ICNIRP".
La defensa alegó además que, dado que no existía riesgo alguno, no había ninguna obligación positiva derivada de sus obligaciones en virtud de los tratados (Carta de la CEE) de matizar su política, o en virtud del CEDH de pronunciarse sobre la seguridad o vigilar dicho riesgo.
Defensa llegó incluso a sugerir que tal vez el Gobierno debería hacer un esfuerzo voluntario para combatir la percepción de que la 5G "conlleva riesgos", controlando las narrativas que sugieren lo contrario.
Esto no gustó mucho a la audiencia.
Reclamación 1: el juez Stacey aclaró que el tribunal no puede resolver una disputa de hechos en torno a "5G es / no es novedoso". MM, sin embargo, pudo señalar que el hecho ya estaba establecido en el paquete de la defensa, donde la naturaleza novedosa de los sistemas 5G (antenas en fase/adaptativas) es reconocida por la propia ICNIRP como la adición de una nueva dimensión a la exposición pública, que la exposición está aumentando, y las características de esa exposición están cambiando.
La alegación 2 fue rechazada sumariamente por MM en su derecho a réplica como una inferencia fundamentalmente exagerada y falsa de que la ICNIRP dice que "la 5G es segura". Simplemente no lo dicen. No pueden. No les corresponde. Hacen referencia a algunos estudios que muestran un riesgo "no sustancial", pero hay muy pocos estudios, por lo que la ausencia de estudios no demuestra la seguridad. (Por supuesto, hay muchos otros estudios, y también extrapolaciones lógicas de los riesgos 4G, que demuestran que existe ciertamente un espectro de riesgo, pero esto no se puede debatir aquí).
Esta es una versión muy abreviada de los dos días, por supuesto. El martes por la mañana se sintió bastante sombrío después de que la Defensa se atrincherara con su rígida posición de que 5G es seguro y por lo tanto los motivos que exigen que el Gobierno informe adecuadamente al Público eran discutibles, pero MM refutó sólidamente esta posición como insostenible y groseramente engañosa, incluso para los estándares del organismo cuyas directrices defendieron su posición.
La juez reconoce la importancia y urgencia del caso. Por supuesto, no puede tomar una decisión de inmediato, pero le dará la consideración y la atención que merece lo antes posible. Este proceso puede llevar de semanas a meses, pero ella asegura que su objetivo eran días o semanas.
¿Qué resultado podemos esperar? Una posibilidad es que la Juez desestime ambos motivos, la otra es que falle a favor de los motivos y elabore algunas recomendaciones.
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