Desde hace año y medio, los trabajadores se enfrentan a un problema casi desconocido para los menores de 40 años: el retorno de la inflación. En efecto, desde hace varios meses, los sueldos y remuneraciones pierden poder adquisitivo debido al aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de los que nos proveemos a diario, con consecuencias evidentes en el nivel de vida (especialmente de las clases más pobres, como certifica el ISTAT). La inflación que estamos registrando en estos momentos, con una subida interanual de los índices de precios de 8 puntos en 2023 (alrededor de 10 en 2002) es un fenómeno bastante "nuevo", habida cuenta de que no se registraban tasas de inflación tan elevadas en nuestro país desde hace casi treinta años. Eso sí, no es que los periodos anteriores a este brote inflacionista se caracterizaran por salarios altos, ni mucho menos. Hay que decir, sin embargo, que está lloviendo sobre mojado: los salarios bajos y estancados se han visto acompañados recientemente por subidas de precios de una magnitud sin precedentes en las últimas décadas.
En otros artículos nos hemos centrado en las medidas de política económica que los gobiernos y los bancos centrales están poniendo en marcha para atajar la inflación. Hemos visto que estas medidas son insuficientes e incluso perjudiciales para el bolsillo de los trabajadores. En este breve artículo, sin embargo, queremos centrarnos en las causas de esta escalada de precios. Un tema, por desgracia, sobre el que ha habido confusión (deliberada) en varias ocasiones y que, en cambio, merece una investigación más profunda.
No cabe duda de que un papel en la actual espiral inflacionista lo desempeñó el lockdown (la paralización de parte de la producción para contener la propagación del Coronavirus) y la posterior reapertura del comercio, que trajo consigo cuellos de botella y atascos en la cadena de suministro. También es evidente que el conflicto bélico en Ucrania ha sido una fuente más de tensión en los mercados energéticos.
Pero más allá de estos aspectos de naturaleza tanto técnica como geopolítica, hay otro que nos interesa más y que concierne a "nuestra" forma de observar los fenómenos económicos: el de la lucha por la distribución de la renta. Adoptando esta perspectiva, tenemos que preguntarnos, cuando vamos al supermercado, dónde están esos 10 euros de más que ahora nos vemos obligados a sacar para el mismo carro de la compra que hasta hace unos años nos costaba 100 euros, y hoy nos cuesta 110.
Un actor insospechado viene en nuestra ayuda: el Fondo Monetario Internacional (FMI). Hablamos de una institución que está de todo menos del lado del mundo del trabajo, sino todo lo contrario. Un reciente estudio de este organismo nos proporciona una esclarecedora ayuda para responder a la pregunta anterior.
El gráfico mostrado (que se refiere a toda la zona euro) nos muestra que en los dos últimos años el principal componente del aumento de precios han sido los beneficios (la zona azul de los histogramas): de esos 10 euros que el consumidor final se ve obligado a pagar por el mismo carrito de la compra, unos 5 euros son mayores beneficios que se embolsan los productores de los bienes que compramos. En cambio, sólo 2,5 euros van a parar a los trabajadores que han participado en el proceso de producción (la zona roja), unos 2 euros son el resultado del mayor coste de los bienes importados (la zona amarilla), que por lo tanto acaban en el extranjero, mientras que el Estado ve reducidos sus ingresos en unos 0,5 euros (en virtud de algunas desgravaciones fiscales, totalmente insuficientes y que no favorecen a los trabajadores, introducidas para contener el crecimiento de los precios).
Así pues, sí: mientras se nos dice que la carestía de la vida que nos vemos obligados a soportar se debe principalmente a la subida del precio de los productos energéticos, un organismo internacional autorizado señala con el dedo a la patronal (como ya hemos hecho antes en nuestras páginas), capaz de aprovecharse de la actual coyuntura económica para inflar los precios y embolsarse la mayor parte de las subidas.
Mientras los capitalistas se llevan la mayor parte del pastel, las respuestas de política económica del actual gobierno y del Banco Central Europeo están, para variar, totalmente orientadas a la defensa de los beneficios. Por un lado, el gobierno arremete contra el mundo del trabajo, rechazando cualquier propuesta (tímida y oportunista) de salario mínimo y continuando con el proceso de precarización del mercado laboral. Por otro, el Banco Central Europeo continúa en la sangrienta senda de subir los tipos de interés, provocando recesión y desempleo. Defenderse de la carestía de la vida exige mucho más, empezando por un salario mínimo real totalmente ajustado a la inflación y el control de precios y beneficios.
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