Por Jonathan Cook, 1 de marzo de 2023
En 1975, el Comité Church logró tomar una instantánea fugaz, aunque nada completa, de los bajos fondos en los que operan agencias como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).
Tras el escándalo Watergate, la comisión del Congreso y otras investigaciones relacionadas descubrieron que los servicios de inteligencia del país tenían amplios poderes de vigilancia y estaban implicados en una serie de actos ilegales o inconstitucionales.
Subvertían y asesinaban de forma encubierta a dirigentes de otros países. Habían cooptado a cientos de periodistas y muchos medios de comunicación de todo el mundo para promover falsas narrativas. Espiaban y se infiltraban en grupos políticos y de derechos civiles. Y manipularon el discurso público para proteger y ampliar sus poderes.
El propio senador Frank Church advirtió de que el poder de la comunidad de inteligencia podría en cualquier momento "volverse contra el pueblo estadounidense, y a ningún estadounidense le quedaría privacidad, tanta es la capacidad de vigilarlo todo... No habría lugar donde esconderse".
Desde entonces, las posibilidades tecnológicas de invadir la intimidad han aumentado espectacularmente, y el alcance de las agencias de inteligencia, especialmente tras el 11-S, ha avanzado de un modo que Church nunca podría haber previsto.
Por eso, la creación de un nuevo Comité Church hace tiempo que debería haberse producido. Y por último, en la más controvertida de las circunstancias y por la más partidista de las razones, puede que por fin esté a punto de producirse algún tipo de reactivación.
La prolongada batalla que se libró el mes pasado en el seno del Partido Republicano para elegir a Kevin McCarthy como nuevo presidente de la Cámara de Representantes le obligó a ceder a las exigencias del ala derecha de su partido. Entre otras cosas, accedió a crear un comité sobre lo que se ha dado en llamar la "militarización" del gobierno federal.
Celebró su primera reunión la semana pasada. La comisión dijo que su tarea consistiría en examinar "la politización del FBI y del Departamento de Justicia y los ataques a las libertades civiles de los estadounidenses".
Anteriormente, en un discurso ante la Cámara sobre el nuevo comité, el representante republicano Dan Bishop dijo que era hora de acabar con la "podredumbre" en el gobierno federal: "Estamos poniendo al Estado profundo sobre aviso. Vamos a por vosotros".
Los demócratas ya están denunciando el comité como una herramienta que se esgrimirá en favor de los intereses de Donald Trump y sus partidarios, diciendo que la derecha republicana quiere desacreditar a los servicios de seguridad y sugerir prevaricación en el trato al expresidente.
Poderes crecientes
Pero, aunque es casi seguro que la comisión acabará siendo utilizada para ajustar cuentas políticas, puede que consiga arrojar luz sobre algunos de los aterradores nuevos poderes que los servicios de seguridad han acumulado desde el informe de la Comisión Church.
El grado en que esos poderes se han multiplicado debería ser obvio para todos. Los documentos filtrados por el denunciante Edward Snowden hace una década mostraban la vigilancia ilegal masiva en el país y en el extranjero por parte de la NSA. Y WikiLeaks, la organización por la transparencia de Julian Assange, publicó expedientes que no sólo revelaban crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, sino también un enorme programa de piratería informática mundial de la CIA.
En particular, en lo que puede ser una señal del poder de las agencias de seguridad para infligir represalias a quienes desafían su poder, tanto Assange como Snowden han sufrido graves consecuencias.
Snowden se ha visto obligado a exiliarse en Rusia, una de las pocas jurisdicciones donde no puede ser extraditado a Estados Unidos y encerrado. Assange ha sido encarcelado mientras las autoridades estadounidenses buscan su extradición, para que pueda desaparecer en una prisión de máxima seguridad para el resto de su vida.
Ahora, en un giro improbable de los acontecimientos, un multimillonario ha abierto otra ventana a las manipulaciones encubiertas de los servicios de seguridad, en esta ocasión en relación con las plataformas de medios sociales y el proceso electoral estadounidense. Esta vez, los protagonistas son el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), creado por la administración del ex presidente George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre.
Tras comprar la red social Twitter el año pasado, Elon Musk dio acceso a sus archivos corporativos a un puñado de periodistas independientes. En una serie continuada de investigaciones denominadas Twitter Files, publicadas como largos hilos en la plataforma, estos periodistas han ido dando sentido a lo que ocurría bajo los anteriores propietarios de Twitter.
La conclusión es que, tras la elección de Trump, las agencias de seguridad estadounidenses -ayudadas por la presión política, especialmente del Partido Demócrata- se introdujeron agresivamente en los procesos de toma de decisiones de Twitter. Otras grandes plataformas de redes sociales parecen haber hecho lo mismo.
¿Se trata de algo sin importancia?
Los archivos de Twitter sugieren una alianza emergente pero oculta entre los servicios de inteligencia estatales, Silicon Valley y los medios de comunicación tradicionales para manipular la comunicación nacional en Estados Unidos, así como en gran parte del resto del mundo.
Las partes de esta asociación se justifican mutuamente su intromisión en la política estadounidense -oculta a la opinión pública- como una respuesta necesaria al rápido ascenso de un nuevo populismo. Trump y sus partidarios llegaron a dominar el Partido Republicano, y una izquierda populista encabezada por el senador Bernie Sanders hizo incursiones limitadas en el Partido Demócrata.
Las redes sociales atrajeron una especial preocupación de los servicios de seguridad porque se consideraban el vehículo que había desatado esta ola de descontento popular. Según un artículo de The Intercept, un responsable del FBI señaló el año pasado que "la información subversiva en las redes sociales podría socavar el apoyo al gobierno estadounidense".
El Estado de seguridad nacional, al parecer, vio en una alianza con el sector privado de las Big Tech una oportunidad para proteger a la vieja guardia de la política, especialmente en el Partido Demócrata. Figuras como el presidente Joe Biden y la ex presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi fueron vistas como un par de manos seguras, posicionadas para preservar la legitimidad de un capitalismo turboalimentado y neoliberal, y las guerras eternas que han sido la savia de la comunidad de inteligencia.
Esta asociación ha servido bien a todas las partes. Silicon Valley ha sido la carrera elegida por muchos liberales que creen que el progreso se persigue mejor a través de medios tecnológicos que dependen de la estabilidad social y el consenso político. El populismo y la polarización que engendra les incomodan naturalmente.
Y tanto los servicios de seguridad como los políticos más centristas de los partidos Republicano y Demócrata entienden que están en el punto de mira de la política populista por los fracasos de décadas: una creciente polarización de la riqueza entre ricos y pobres, una economía estadounidense que cruje, unos servicios de bienestar social agotados o inexistentes, la capacidad de los ricos para comprar influencia política, la constante pérdida de riqueza y vidas en guerras aparentemente inútiles libradas en tierras lejanas, y unos medios de comunicación que rara vez se ocupan de las preocupaciones de la gente corriente.
En lugar de centrarse en las causas reales de la creciente ira y el sentimiento antisistema, los servicios de seguridad ofrecieron a los políticos y a Silicon Valley una narrativa más reconfortante y conveniente. Los populistas, tanto de derechas como de izquierdas, no expresaban su frustración por el fracaso del sistema político y económico estadounidense. Su objetivo era sembrar el descontento social para favorecer los intereses de Rusia.
O, como consta en las actas de una reunión del DHS celebrada el pasado mes de marzo, el nuevo objetivo era frenar "los datos subversivos utilizados para abrir una brecha entre la población y el gobierno".
Esta estrategia alcanzó su cenit con el "Rusiagate", años de histeria sin pruebas promovida por la comunidad de inteligencia y el Partido Demócrata. La afirmación central era que Trump solo pudo derrotar a su rival demócrata Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016 debido a la colusión con Moscú, y a las operaciones rusas de influencia a través de las redes sociales.
Como en una partida de whack-a-mole, cualquier indicio de mala conducta o criminalidad por parte de los servicios de seguridad, o de fallos sistémicos por parte de la clase política estadounidense, eran ahora tachados de "desinformación rusa."
El exilio de Snowden a Rusia -la única opción que le quedaba- se utilizó para desacreditar sus denuncias sobre la NSA. Y las revelaciones de Assange y WikiLeaks sobre crímenes de guerra y violaciones de la ley por parte de la comunidad de inteligencia fueron efectivamente negadas por una supuesta colusión con "hackers rusos" para revelar la corrupción en el Partido Demócrata durante las elecciones de 2016.
En la práctica, las acusaciones de "desinformación rusa" simplemente sirvieron para polarizar aún más la política estadounidense.
Las cuestiones clave planteadas por los archivos de Twitter -la connivencia del Estado profundo con las industrias de la tecnología y los medios de comunicación, la intromisión en las elecciones y la manipulación y desviación de la narrativa- han quedado subsumidas y oscurecidas por el partidismo político.
El interés por los archivos de Twitter se ha limitado en gran medida a la derecha. De manera visceral, los demócratas han desestimado en su mayoría las revelaciones como una "tontería".
Clima de miedo
Desde que se hizo con Twitter, Musk ha pasado de ser un favorito de los liberales por sus coches eléctricos Tesla a convertirse casi en un paria. En octubre, el gobierno de Biden desmintió las informaciones de que estaba considerando una revisión de seguridad nacional de sus negocios ante la "postura cada vez más favorable a Rusia" de Musk. Su estatus como el hombre más rico del mundo se ha derrumbado rápidamente junto con su reputación.
La ironía es que las mismas agencias de seguridad que azuzaron la histeria del "Rusiagate" se exponen ahora en los Archivos de Twitter como perpetradoras de la misma interferencia de la que acusaban a Moscú.
Durante las elecciones presidenciales de 2016, se dijo que Rusia conspiró con Trump y le ayudó mediante el uso de las redes sociales para sembrar la discordia y manipular al electorado estadounidense. Una investigación oficial posterior llevada a cabo por Robert Mueller no pudo confirmar esas acusaciones.
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Los "Twiter Files" cuentan una historia increíble desde el interior de una de las plataformas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo. Es una historia frankensteiniana de un mecanismo construido por el hombre que crece bajo el control de su diseñador.
Por el contrario, los Twitter Files indican que no era Rusia sino el FBI, el DHS y la CIA -las mismas agencias que argumentan que Rusia amenazaba el orden político en Estados Unidos- las que buscaban de forma agresiva y clandestina influir en la opinión pública estadounidense.
Los archivos de Twitter sugieren que es el Estado de seguridad de Estados Unidos, mucho más que Rusia, el que representa la verdadera amenaza para la democracia estadounidense. El clima de miedo que estas agencias alimentaron en torno a la supuesta "desinformación rusa" no sólo influyó en la opinión pública, sino que dio a la comunidad de inteligencia aún mayor influencia sobre las redes de medios sociales y más licencia para acumular mayores poderes.
Los agentes estatales están cada vez más a cargo de decidir a quién se le permite ser escuchado en las redes sociales -incluso Trump fue vetado mientras era presidente- y qué se puede decir. A menudo esas decisiones no se toman para prevenir un delito o hacer cumplir las leyes, ni siquiera por el bien público, sino para controlar férreamente el discurso político y marginar las críticas serias al establishment.
El hecho de que la connivencia entre las plataformas de medios sociales y estas agencias se haya producido en secreto es en sí mismo un indicio de la naturaleza nefasta de lo que ha estado ocurriendo.
Presión oculta
Los archivos de Twitter abren una ventana a un fenómeno que parece haberse extendido a todas las redes sociales.
Tradicionalmente, los liberales han defendido el uso de la censura en las redes sociales alegando que estas plataformas son empresas privadas que pueden hacer lo que quieran. Su comportamiento supuestamente no constituye una violación de las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión.
La realidad expuesta por los Archivos de Twitter, sin embargo, es que las redes han respondido a menudo a presiones ocultas, ya sea directamente del gobierno federal o a través de sus agencias de inteligencia, para restringir lo que se puede decir. Como los Archivos han señalado en repetidas ocasiones, Twitter, al igual que otras redes sociales, ha llegado a funcionar menos como una empresa privada y más como "una especie de filial del FBI."
En 2017, en el punto álgido del pánico del Rusiagate, el FBI creó un Grupo de Trabajo de Influencia Extranjera cuyo número pronto aumentó a 80 agentes. Su trabajo ostensible era servir de enlace con las distintas redes para frenar la supuesta injerencia extranjera en las elecciones.
Los ejecutivos de Twitter no tardaron en reunirse y comunicarse regularmente con altos funcionarios del FBI, al tiempo que recibían un sinfín de peticiones de retirada de contenidos para evitar la "desinformación rusa." La CIA parece haber asistido también a las reuniones, bajo el apodo de OGA u "otra agencia gubernamental". Aunque el cometido del grupo de trabajo era la influencia extranjera, al parecer se convirtió en un "conducto para toneladas de peticiones de moderación nacionales, de gobiernos estatales, incluso de la policía local".
Bajo la creciente presión entre bastidores de los servicios de inteligencia, y en público de los políticos, las redes sociales empezaron a elaborar listas negras secretas, ayudadas por la información de los servicios de seguridad, para limitar el alcance de las cuentas o impedir que los temas fueran tendencia. Los efectos eran a menudo difíciles de pasar por alto, y Trump declaró que investigaría esta práctica en 2018.
En respuesta, los ejecutivos de Twitter negaron públicamente que practicaran el "bloqueo en la sombra", un término para referirse a cuando las publicaciones o las cuentas se hacen difíciles o imposibles de encontrar. De hecho, Twitter simplemente había inventado una frase diferente para el mismo régimen de censura de la expresión. Lo llamaron "filtro de visibilidad".
Esta censura se utilizó no sólo contra las cuentas sospechosas de ser bots o las que difundían desinformación evidente. Incluso figuras públicas eminentes que tenían autoridad para hablar sobre un tema eran secretamente señaladas si desafiaban las narrativas clave del establishment.
El epidemiólogo de Stanford Jay Bhattacharya, por ejemplo, sufrió un "filtro de visibilidad" durante la pandemia de Covid-19 después de que criticara los confinamientos por causar daño a los niños. Fue incluido en una "lista negra de tendencias". [ Véase por ejemplo: Censura y exclusión de la heterodoxia sobre Covid-19: Tácticas y contratácticas I, II y III].
En medio de los recientes despidos masivos en Twitter, Middle East Eye no pudo ponerse en contacto con la empresa para que comentara estas y otras acusaciones vertidas en los Archivos de Twitter. La CIA no había contestado al cierre de esta edición, mientras que el FBI envió una respuesta en la que afirmaba:
La correspondencia entre el FBI y Twitter no es más que un ejemplo de nuestros tradicionales, antiguos y continuos compromisos entre el gobierno federal y el sector privado... Como se pone de manifiesto en la correspondencia, el FBI proporciona información crítica al sector privado en un esfuerzo por permitirles protegerse a sí mismos y a sus clientes.
Otros médicos destacados que cuestionaron la ortodoxia gubernamental también han sido marginados por Twitter, según descubrieron los Archivos, a menudo bajo la presión directa de la Casa Blanca o de los grupos de presión de las empresas de vacunas.
Pero la víctima más destacada del régimen de censura de Twitter fue el propio Trump. Fue vetado el 8 de enero de 2021, a pesar de que, al parecer, el personal acordó entre bastidores que no podían basar tal decisión en ninguna violación directa de sus normas.
Influencia rusa
Las secuelas del Rusiagate arrastraron a Twitter más de cerca al abrazo de los servicios de seguridad. A principios de 2018, un representante republicano, Devin Nunes, presentó un informe clasificado al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes en el que detallaba supuestos abusos del FBI en la vigilancia de una figura relacionada con Trump.
El FBI se basó en el llamado dossier Steele, financiado en parte por Clinton y el Partido Demócrata, pero presentado inicialmente por los medios como una investigación independiente y dirigida por los servicios de inteligencia que verificaba la colusión entre el equipo de Trump y Moscú.
La noticia del informe provocó una tormenta en las redes sociales entre los partidarios de Trump, alimentando un hashtag viral: #ReleaseTheMemo. Las acusaciones de Nunes fueron verificadas casi dos años después por una investigación del Departamento de Justicia. Sin embargo, en ese momento, los políticos demócratas y los medios de comunicación se apresuraron a ridiculizar el informe, caracterizando cualquier demanda de su publicación como una "operación de influencia rusa."
La presión aumentó sobre las grandes empresas tecnológicas. Las propias investigaciones de Twitter no pudieron identificar ninguna implicación rusa, sugiriendo que el hashtag era tendencia interna, impulsado por VIT (tuiteros muy importantes).
7. No obstante, los medios nacionales en enero y principios de febrero de 2018 denunciaron el informe Nunes en un lenguaje extrañamente idéntico, calificándolo de "broma".
Pero los ejecutivos de Twitter no tenían ganas de pelea. En lugar de enfrentarse al Partido Demócrata -y muy probablemente detrás de él al FBI, preocupado por las revelaciones del informe-, Twitter siguió "un patrón servil de no rebatir las afirmaciones sobre Rusia de forma oficial", señaló Matt Taibbi, uno de los periodistas que ha trabajado en los Twitter Files.
Pronto, los principales medios de comunicación culparon a Rusia de cualquier hashtag incómodo que se hiciera viral, como #SchumerShutdown, #ParklandShooting y #GunControlNow. A medida que se intensificaba la campaña de acusaciones del Rusiagate, Twitter se vio sometida a una presión cada vez mayor para actuar. En 2017, examinó manualmente unas 2.700 cuentas marcadas como potencialmente sospechosas. La gran mayoría fueron eliminadas. Twitter suspendió 22 como posibles cuentas rusas, mientras que se descubrió que otras 179 tenían "posibles vínculos" con esas cuentas.
Los políticos demócratas se indignaron y, al parecer, se basaron en fuentes de inteligencia para respaldar su afirmación de que las redes sociales estaban plagadas de bots rusos. Twitter respondió creando un "grupo de trabajo sobre Rusia" para investigar más a fondo, pero de nuevo no encontró pruebas de una campaña de influencia rusa. Lo único que identificó fueron unos cuantos carteles de lobos solitarios que gastaban poco dinero en anuncios.
No obstante, Twitter se vio inmerso en una crisis de relaciones públicas, con políticos y medios de comunicación del establishment acusándolo de inercia. El Congreso amenazó con una legislación draconiana que privaría a Twitter de ingresos publicitarios. La incapacidad de Twitter para encontrar cuentas de influencia rusa provocó una acusación de Politico: "Twitter borró datos potencialmente cruciales para las investigaciones sobre Rusia". La investigación original de Twitter sobre las 2.700 cuentas alimentó extravagantes afirmaciones en los medios de comunicación de que se había descubierto una "nueva red" de bots rusos.
En medio de esta tormenta de fuego, Twitter cambió repentinamente de rumbo, declarando públicamente que eliminaría el contenido "a nuestra entera discreción" - pero en realidad, era mucho peor que eso. Como Taibbi informó en uno de los Twitter Files, la compañía decidió en privado "excluir" cualquier cosa "identificada por la comunidad de inteligencia de EE.UU. como una entidad patrocinada por el Estado que lleva a cabo operaciones cibernéticas".
Twitter se vio cada vez más asediado. Un Archivo de Twitter publicado el mes pasado sostiene que un prominente grupo de presión en línea llamado Hamilton 68 -con vínculos con la comunidad de inteligencia- perpetró "una farsa" sobre la desinformación rusa.
El sitio suscitó interminables titulares en los medios de comunicación estadounidenses tras indicar que había descubierto una campaña de influencia rusa en las redes sociales, en la que estaban implicados cientos de usuarios. Los medios de comunicación publicaron estas afirmaciones como prueba de que las redes sociales estaban invadidas por bots rusos. El personal de Hamilton 68 fue incluso invitado a declarar ante altos cargos políticos del Congreso.
Sin embargo, a pesar de este furor, Hamilton 68 nunca hizo pública la lista de bots que decía haber descubierto. Las investigaciones internas de Twitter revelaron que casi todos los de la lista eran usuarios normales.
La Alianza para la Seguridad de la Democracia (ASD), que acogió a Hamilton 68 y a su sucesor Hamilton 2.0, publicó una "hoja informativa" en respuesta a los Archivos de Twitter en la que negaba las acusaciones y sugería que sus datos habían sido "sistemáticamente malinterpretados o tergiversados" por los medios de comunicación y los legisladores, a pesar de los "amplios esfuerzos por corregir las ideas erróneas en su momento". La ASD señaló que nunca sugirió que todos los bots fueran rusos, pero que estaba supervisando algunos que podrían haberlo sido.
Hamilton 68 estaba dirigido por un ex alto responsable del FBI. Los directivos de Twitter no se opusieron públicamente a la avalancha mediática, y se encontraron con una reprimenda cuando intentaron plantear sus preocupaciones en privado a los periodistas.
El "ombligo" del FBI
En una señal de lo estrecha que había llegado a ser la relación entre el FBI y Twitter, Twitter reclutó como asesor legal a James Baker, el antiguo abogado principal del FBI. Baker fue una de las figuras centrales en los esfuerzos por pintar una imagen -ahora desacreditada- de colusión entre Trump y Moscú.
Muchos otros que dejaron el FBI se dirigieron directamente a Twitter. Entre ellos, Dawn Burton, ex subjefa de personal del jefe del FBI James Comey, que inició la investigación del Rusiagate. Se convirtió en directora de estrategia de Twitter en 2019.
Existían lazos similares con los servicios de seguridad británicos. Twitter contrató a Gordon MacMillan como su principal asesor editorial sobre Oriente Medio. Era un cargo a tiempo parcial, ya que servía al mismo tiempo en la unidad de guerra psicológica del ejército británico, la 77ª Brigada.
En 2020, a medida que se desarrollaba la pandemia, otras agencias gubernamentales vieron su oportunidad de emprender una campaña paralela contra Twitter centrada en los supuestos esfuerzos de China para difundir la desinformación de Covid-19. Un brazo de inteligencia del Departamento de Estado, el Centro de Compromiso Global, utilizando datos del gobierno federal, alegó que 250.000 cuentas de Twitter estaban amplificando "propaganda china", una vez más para sembrar el desorden. Entre esas cuentas figuraban el ejército canadiense y la CNN.
Los correos electrónicos entre ejecutivos de Twitter muestran que tenían sus propias opiniones sobre lo que la campaña esperaba conseguir. Los responsables del Departamento de Estado querían "insertarse" en el consorcio de agencias, como el FBI y el DHS, que estaban autorizadas a retirar contenidos de Twitter.
Es revelador que Twitter se opusiera a la inclusión del Departamento de Estado, y en términos que contrastaban fuertemente con su enfoque del FBI y el DHS. Los ejecutivos consideraban que el Departamento de Estado era más "político" y "trumpista".
Al final, se sugirió que el FBI serviría de "ombligo" a través del cual Silicon Valley mantendría informadas a otras agencias gubernamentales. El resultado, según Files, fue que Twitter "recibía peticiones de todos los organismos gubernamentales imaginables", y a menudo en masa. La plataforma casi nunca decía que no a las peticiones de eliminar cuentas acusadas de ser bots rusos.
A medida que Twitter se volvía más sumiso, incluso políticos estadounidenses de alto rango trataron de entrar en escena. Adam Schiff, entonces jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, pidió que se desautorizara a un periodista que no le gustaba. Aunque Twitter se mostró reacio a acceder a tales peticiones, "desamplificó" algunas cuentas.
A medida que se acercaban las elecciones de 2020, el flujo de peticiones de servicios de seguridad se convirtió en un diluvio que amenazaba con desbordar a Twitter. Muchas de ellas no estaban relacionadas con la influencia extranjera, el objetivo aparente del grupo de trabajo del FBI. En su lugar, las solicitudes parecían referirse a cuentas nacionales. Rara vez detallaban infracciones de la ley o amenazas terroristas, presumiblemente el principal ámbito de interés del FBI, sino que se centraban en infracciones mucho menos definidas de los "términos de servicio" de Twitter.
A menudo, las cuentas se enfrentaban a la "ejecución digital" no porque lo que se dijera fuera desinformación verificable, sino porque los tuits cruzaban líneas rojas políticas: al señalar un problema neonazi en Ucrania, o ser demasiado comprensivos con el líder venezolano Nicolás Maduro o el presidente ruso Vladimir Putin.
Revelaciones sobre el ordenador portátil
Una vez integrados en las grandes empresas tecnológicas, los servicios de seguridad habrían utilizado sus poderes para influir de forma encubierta en la conversación nacional en torno a las elecciones presidenciales de 2020.
Quizás la mayor revelación hasta el momento -que confirma las sospechas de la derecha- es que las redes sociales y las agencias de seguridad del Estado desempeñaron un papel en la ocultación de la llamada historia del portátil Hunter Biden semanas antes de las elecciones de 2020.
En vísperas de la votación, el grupo de trabajo del FBI preparó el terreno afirmando ante ejecutivos de Silicon Valley que Rusia intentaría "volcar" información hackeada para perjudicar a Joe Biden, el candidato demócrata a la presidencia. Se trataría supuestamente de una repetición de las elecciones de 2016, cuando la publicación de correos electrónicos internos del Partido Demócrata perjudicó a la entonces candidata, Hillary Clinton.
Tras la elección de Trump, gran parte de la narrativa del Rusiagate surgió de las afirmaciones sin pruebas de los servicios de seguridad de que esos correos electrónicos incómodos, que indicaban corrupción política entre los dirigentes del Partido Demócrata, fueron pirateados por Rusia.
1. ARCHIVOS DE TWITTER: PARTE 7
El FBI y la computadora portátil de Hunter Biden
Cómo el FBI y la comunidad de inteligencia desacreditaron la información fáctica sobre los tratos comerciales en el extranjero de Hunter Biden tanto después como antes The New York Post reveló el contenido de su computadora portátil el 14 de octubre de 2020.
Las pruebas que sugerían una explicación diferente -que los correos electrónicos habían sido filtrados por un infiltrado descontento- fueron ampliamente ignoradas. El furor provocado por la historia ocultó el hecho de que los correos electrónicos, y sus revelaciones condenatorias sobre el Partido Demócrata, eran demasiado reales.
Basándose en las advertencias de la comunidad de inteligencia, las plataformas de medios sociales se apresuraron a bloquear la historia del portátil Hunter Biden, que alegaba vínculos problemáticos entre la familia Biden y responsables extranjeros en Ucrania. Los responsables de Joe Biden negaron cualquier irregularidad por parte del entonces candidato presidencial, mientras que el propio Hunter se mostró evasivo sobre si el portátil le pertenecía. La historia, que fue publicada por el derechista New York Post, fue declarada inmediatamente una operación de influencia rusa por docenas de antiguos responsables de los servicios de inteligencia.
Pero en realidad, el FBI sabía casi un año antes de que la historia se hiciera pública que el portátil pertenecía a Hunter Biden y que la información que contenía no era probablemente falsificada o pirateada. El propietario de una tienda de informática de Delaware al que Hunter Biden había pedido que reparara su portátil había informado al FBI de sus sospechas. La agencia había llegado incluso a citar el dispositivo.
Esta cadena de acontecimientos plantea dudas sobre si el FBI decidió adelantarse a los impactos de la historia del portátil, que amenazaba las posibilidades electorales de Joe Biden en 2020, antes de que la prensa de derechas pudiera publicarla. Parece que manipularon a los medios, incluidas las redes sociales, para que asumieran que cualquier historia que perjudicara a Biden antes de las elecciones era desinformación rusa.
Las grandes empresas tecnológicas tenían otras razones en ese momento para creer que la historia era probablemente cierta. El New York Post realizó las comprobaciones habituales. Otros periodistas no tardaron en confirmar que la información había salido del portátil de Hunter Biden.
No obstante, Twitter se apresuró a aceptar la afirmación de que la historia violaba su política contra la publicación de material pirateado, haciéndose eco de la afirmación del FBI de que se trataba de desinformación rusa. Otros, como Mark Zuckerberg en Facebook, también aceptaron las afirmaciones del FBI por confianza, como admitió más tarde.
Las redes sociales tomaron la medida sin precedentes de bloquear los intentos de compartir la historia en sus plataformas, lo que podría haber repercutido en el resultado de las elecciones de 2020, algo visto por gran parte de la derecha republicana como un crimen contra la democracia, y por muchos simpatizantes del Partido Demócrata como una desafortunada necesidad de defender el orden democrático.
Guerra psicológica
La connivencia entre las plataformas de medios sociales y el Estado de seguridad estadounidense en torno al Rusiagate no fue una aberración. Según los Archivos, Twitter dio al Pentágono autorización especial, en violación de sus propias políticas, para crear cuentas para llevar a cabo "operaciones de influencia psicológica en línea."
Twitter ayudó a los militares en la "lista blanca" de 52 cuentas falsas en árabe para "amplificar ciertos mensajes". Estas cuentas promovían objetivos militares estadounidenses en Oriente Medio, incluidos mensajes que atacaban a Irán, apoyaban la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen y afirmaban que los ataques de drones estadounidenses solo golpeaban a terroristas.
En mayo de 2020, Twitter detectó docenas de cuentas más que el Pentágono no había revelado y que tuiteaban en ruso y árabe sobre temas como Siria y el Estado Islámico. Según Lee Fang, uno de los periodistas que trabajó en los Archivos de Twitter:
"Muchos correos electrónicos de todo 2020 muestran que los ejecutivos de alto nivel de Twitter eran muy conscientes de la vasta red [del Departamento de Defensa] de cuentas falsas y propaganda encubierta y no suspendieron las cuentas".
Otras investigaciones han sacado a la luz una extensa red de propaganda del Pentágono en otras aplicaciones de medios sociales, como Facebook y Telegram.
La indulgencia de Twitter con estas cuentas encubiertas del Pentágono contrasta fuertemente con su gestión de los medios de comunicación y las personas acusadas de estar colaborando con países considerados por el gobierno estadounidense como Estados enemigos. Entre ellos figuran periodistas y académicos occidentales disidentes que supuestamente han colaborado con medios rusos, chinos, iraníes o venezolanos.
Según una investigación del grupo de vigilancia de los medios de comunicación FAIR, Twitter sigue ocultando las afiliaciones estatales de las cuentas financiadas por el gobierno de Estados Unidos, incluidas las que promueven sus objetivos propagandísticos en Ucrania y otros lugares. FAIR no pudo encontrar ningún ejemplo de cuentas identificadas como "medios de comunicación afiliados al Estado de Estados Unidos", ni ninguna etiquetada como tal en Gran Bretaña o Canadá.
El grupo concluyó:
"Twitter permite a los medios de propaganda estadounidenses mantener la pretensión de independencia en la plataforma, un respaldo tácito al poder blando y a las operaciones de influencia de Estados Unidos... Twitter participa activamente en una guerra de información en curso".
Un espeso manto de secretismo
Después de que los Archivos Twitter empezaran a aparecer en diciembre, el FBI respondió no abordando la veracidad de los documentos, sino jugando al mismo juego que antes. Acusó a los periodistas implicados de difundir "teorías conspirativas" y "desinformación" destinadas a "desacreditar a la agencia".
Hillary Clinton, la decana del establishment del Partido Demócrata, sigue culpando a la desinformación rusa de los males de su país.
La verdad es que tanto los servicios de seguridad como la clase política han invertido demasiado en sus actuales acuerdos secretos con las redes sociales como para aceptar un cambio.
Y no es probable que la presión para hacerlo aumente mientras Estados Unidos siga dando tumbos de crisis en crisis: desde la "guerra contra el terror", a la presidencia de Trump, a la pandemia del Covid-19, a la invasión rusa de Ucrania. Todas estas crisis -en sus diferentes formas, cabe señalar- son el legado de decisiones políticas tomadas por los mismos actores que ahora rechazan la supervisión y el escrutinio.
Estas crisis proporcionan el pretexto no sólo para la inacción, sino para una vigilancia cada vez más estrecha y estricta de la plaza pública digital por parte del Estado, y no de forma transparente, sino bajo un espeso manto de secretismo.
Como Church advirtió hace casi medio siglo, la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos es la posibilidad de que sus agencias de seguridad dirijan sus enormes poderes hacia el interior, contra el público estadounidense. Y ese proceso es exactamente lo que documentan los Archivos Twitter.
Muestran que la comunidad de inteligencia ha llegado a redefinir su función principal -proteger al público estadounidense de amenazas extranjeras- para incluir al propio público estadounidense como parte de esa amenaza.
En 2021, una de las primeras prioridades de la administración Biden fue desvelar una Estrategia Nacional para Contrarrestar el Terrorismo Doméstico. En ella se describía la pérdida de fe en el gobierno y la polarización extrema como "alimentadas por una crisis de desinformación y mala información a menudo canalizada a través de las plataformas de los medios sociales."
Al parecer, el aumento del descontento entre la ciudadanía estadounidense no es culpa de un liderazgo político fracasado o de un Estado profundo prepotente. Por el contrario, esa misma clase dirigente fracasada ve la reacción popular -y el descontento electoral- únicamente en términos interesados, como prueba de la intromisión extranjera.
En los archivos de Twitter, Musk ha abierto una pequeña ventana para mostrar un poco de lo que ha estado ocurriendo a puerta cerrada. Pero incluso esa ventana volverá a cerrarse muy pronto. Y entonces volverá la oscuridad, a menos que el público exija su derecho a saber más.
Jonathan Cook es autor de tres libros sobre el conflicto palestino-israelí y ganador del Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn. Su sitio web y su blog se encuentran en www.jonathan-cook.net. Este artículo apareció originalmente en Middle East Eye.
Jonathan Cook es escritor y periodista residente en Nazaret (Israel). Sus últimos libros son Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran, and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) y Disappearing Palestine: Israel's Experiments in Human Despair (Zed Books).
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