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¡El Pacífico no es un vertedero de residuos nucleares!

Por Pacific Elders Voice

globalresearch.ca 

La imprudente decisión de Japón y de la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO) de verter más de 1,3 millones de toneladas de aguas residuales contaminadas con energía nuclear en nuestro Pacífico Azul es un testimonio de los peligros de la energía nuclear. Ningún estado del Pacífico depende de la industria de la energía nuclear. La catástrofe de la central nuclear de Fukushima Daiichi (NPS) de 2011 es una prueba de las consecuencias humanas, medioambientales y económicas que sigue teniendo para la salud y el bienestar de los pueblos del Pacífico. Ahora, los isleños del Pacífico y las generaciones futuras tendrán que soportar el peso de la dependencia japonesa de la energía nuclear, ya que los intentos de estabilizar el desastre de Fukushima han llevado a la medida de reducción de costes que consiste en verter aguas residuales contaminadas por la energía nuclear desde tierra a aguas japonesas, lo que a través de la propagación acelerada de las corrientes oceánicas será inevitablemente un acto de daño transfronterizo y transgeneracional contra los pueblos del Pacífico y sus medios de vida. A partir de hoy, está previsto que el vertido dure otros treinta años.

Observamos con decepción que este descarado acto de vandalismo medioambiental agravará el brutal legado nuclear de más de 315 pruebas de armamento en nuestra región, para el que no se ha alcanzado plenamente una auténtica justicia nuclear. Además, representa una falta de respeto palpable hacia la postura históricamente firme de la región del Pacífico contra la contaminación nuclear en todas sus formas y el compromiso con un Pacífico desnuclearizado, a través de acuerdos internacionales y regionales como el Convenio de Londres (1972), la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (1982), el Tratado de Rarotonga (1986), la Convención de Numea (1986) y la Convención de Waigani (1995).

Reconocemos que algunas de estas leyes y tratados fueron diseñados y acordados por los Estados del Pacífico pensando en Japón, dados sus anteriores intentos de verter residuos nucleares en el Océano Pacífico a partir de finales de la década de 1970.

La historia se repite y Japón vuelve a poner a prueba los límites de la amistad del Pacífico por la falta de consulta, responsabilidad, diálogo y consenso con los Estados del Pacífico, las ONG y los grupos de la sociedad civil. Creemos que esto sentará un peligroso precedente que vulnera los derechos humanos de los pueblos del Pacífico, especialmente por parte de otros Estados que desean emprender la explotación de la energía nuclear y pretenden verter cualquier forma de residuos tóxicos en el océano Pacífico. El plan representa un riesgo irreversible de graves violaciones de los derechos humanos, especialmente los relacionados con el disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible; así como, muchos otros relativos a los derechos a un nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, a una alimentación segura, al agua potable y al saneamiento.

El hecho de que Japón y TEPCO se basen en la errónea suposición de que "la dilución es la solución a la contaminación" carece de fundamento científico y ecológico. Hacemos un llamamiento al Foro de las Islas del Pacífico (FIP) para que siga oponiéndose al vertido y se comprometa con las conclusiones del grupo independiente de expertos científicos que nombró. El panel encontró pruebas insuficientes basadas en protocolos de medición estadísticamente deficientes y sesgados proporcionados por Japón y TEPCO para demostrar la reducción global de la concentración de radionucleidos a través del Sistema Avanzado de Procesamiento de Líquidos (ALPS). El grupo de expertos ha expresado su preocupación por la presencia continuada de tritio, carbono-14 y probablemente otros 64 radionucleidos, como estroncio-90, cesio-137 y cobalto-60, en el agua "tratada". En consecuencia, esto dará lugar a diversos grados de absorción biológica que acabará llegando a los seres humanos, a través de las corrientes oceánicas, los ecosistemas y la cadena alimentaria.

Estamos igualmente consternados por el respaldo prematuro del OIEA al plan desde 2013, las normas de seguridad obsoletas y la posterior aprobación del plan de vertido de Japón y TEPCO. Japón tenía la oportunidad de ser pionero mundial en la eliminación responsable y ética de los residuos nucleares con la inclusión de las voces de las comunidades pesqueras japonesas, así como de los Estados costeros de Asia y el Pacífico afectados. En lugar de que las Naciones Unidas se ocupen de la industria de la energía nuclear y del uso seguro de la energía nuclear, reconocemos la necesidad de un régimen de supervisión verdaderamente independiente, internacional y participativo, con la estrecha implicación de los Estados que puedan verse afectados, para supervisar suficientemente el impacto medioambiental y humano de Japón y TEPCO. Por ahora, nos mantenemos firmes en nuestras declaraciones anteriores pidiendo a Japón y a TEPCO que abandonen sus planes hasta que se lleve a cabo una verdadera consulta con las partes interesadas del Pacífico. Además, hacemos un llamamiento a Japón para que sea un modelo de gestión nuclear en la región y considere adecuadamente las alternativas, en lugar de generar una cultura que carece de confianza, diálogo y respeto entre todas las partes implicadas, lo que causará un daño a la reputación de Japón.

Observamos con preocupación los intentos del Primer Ministro de Japón, Fumio Kishida, de fracturar políticamente la posición regional de un Pacífico desnuclearizado. Resulta decepcionante observar el apoyo del Primer Ministro de Fiyi, Sitiveni Rabuka, y las declaraciones de retroceso de otros líderes del Pacífico en los últimos dos meses en relación con esta cuestión, así como su negativa a escuchar en profundidad al panel científico designado por el FIP, a la amplia mayoría de sus propios gobiernos y a la sociedad civil que han expresado su preocupación por el plan de Japón.

Señalamos también el papel de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de Japón para aplacar y seducir a los dirigentes para que aprueben este plan ecológicamente irresponsable.

Por último, apoyamos la iniciativa de emprender una acción internacional para iniciar una demanda contra Japón ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) y buscar medidas provisionales de protección contra los impactos transfronterizos y transgeneracionales sobre los pueblos del Pacífico y el océano que todos llamamos nuestro hogar. También animamos a los Estados del Pacífico a que recurran a todas las vías legales a su alcance, en relación con el abuso de los derechos humanos de los pueblos del Pacífico por parte de este plan. Además, la convocatoria de la próxima reunión del FIP en Rarotonga como lugar de nacimiento de la Zona Libre de Armas Nucleares del Pacífico Sur presenta una oportunidad para volver a examinar todas las cuestiones nucleares actuales en la región, incluyendo pero no limitado a: la cuestión de Fukushima, el pacto de seguridad AUKUS, y el legado de las pruebas nucleares para los supervivientes con el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Actuamos en solidaridad con las comunidades pesqueras costeras y la sociedad civil de Japón, Corea y China, así como con los numerosos Estados del Pacífico que se oponen a este plan. Además, nos solidarizamos con la "Concentración por la salud de nuestros océanos", encabezada por numerosas ONG fiyianas y prevista para el viernes por la mañana en Suva, y nos hacemos eco de su llamamiento a la intervención internacional para detener el vertido de aguas residuales contaminadas con material nuclear que Japón tiene previsto realizar en nuestro Pacífico Azul.

La fuente original de este artículo es Pacific Elders Voice

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