Por Denis MESHAKA, 5 de noviembre de 2026
El Ministerio de Agricultura de EE. UU. acaba de anunciar que destinará 180 millones de dólares a la secuenciación de su banco nacional de semillas. Precisa que la información digital de secuenciación (DSI) generada será «propiedad intelectual estadounidense» y que los mecanismos internacionales de reparto de beneficios no se extienden a dicha DSI. Mientras esta cuestión del reparto de beneficios sigue siendo objeto de debate a nivel internacional, este proyecto ilustra la lógica de apropiación y depredación económica de Estados Unidos. Sin embargo, la DSI procede de una biodiversidad que los agricultores y las comunidades han desarrollado, seleccionado, conservado y renovado desde hace milenios.
El pasado 6 de octubre, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció, a través de su secretaria Brooke Rollins, la puesta en marcha de un importante programa de investigación agronómica: el Seed Sovereignty (soberanía de las semillas). Este programa incluye, entre otras cosas, la secuenciación —o «digitalización»— de todas las semillas que contiene el banco nacional y, por lo tanto, el registro de esta información de secuenciación en formato digital (DSI)i. Sin entrar en muchos detalles, Brooke Rollins menciona la concesión de licencias no exclusivas (que pueden otorgarse a varios licenciatarios) basadas en la DSI generada por dicha secuenciación. En teoría, sin embargo, esta base también debería servir como fuente para la presentación de solicitudes de patente por parte del propio USDAii o de cualquier licenciatario sobre dicha base. Si Estados Unidos mantiene la política anunciada, las patentes podrán abarcar su territorio y el de otros países sin que se produzca un reparto justo y equitativo de los beneficios derivados de la DSI con estos últimos, a pesar de que son los proveedores de algunos de los recursos genéticos físicos que componen el banco nacional de semillas estadounidense.
«Una propiedad intelectual estadounidense»…
La iniciativa Seed Sovereignty, relacionada con el banco nacional de semillas denominado National Plant Germplasm System (NPGS), conservaba en 2024, según el USDA, 621.600 muestras de semillas que representaban más de 16.737 plantas diferentesiii, de las cuales, hasta la fecha, se habría secuenciado aproximadamente el 10 %. El ministerio tiene previsto movilizar financiación y herramientas de «inteligencia artificial» (IA) (en este caso, Genesis, del Ministerio de Energía de EE. UU.) para acelerar la identificación de los caracteres genéticos de interés, en particular la resistencia a la sequía o a las plagas. Esta información digital, obtenida mediante la secuenciación y la IA, se pondría a disposición de las empresas —en particular, de las multinacionales de semillas— a través de programas de licencias no exclusivas, bajo ciertas condiciones. De hecho, el USDA precisa que tiene «la intención de convertir [los resultados de la secuenciación] en propiedad intelectual de Estados Unidos y ponerlos a disposición de los agricultores estadounidenses en beneficio de la agricultura estadounidense», y añade que «aunque existen tratados internacionales que regulan el intercambio de semillas (sic) [se entiende, en particular, el Tirpaa (Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura), dichos tratados no se extienden a la secuenciación ni a la información genómica».
El USDA se aprovecha de las ambigüedades que rodean el concepto de DSI y de la ausencia de una definición jurídica oficial estable de esta información, que, por lo tanto, puede presentarse bajo diferentes formas e incluso con alcances distintos (véase más abajo).
Hay que distinguir entre los datos que indican la existencia y la composición de una secuencia genética y la información complementaria que permite establecer un vínculo entre dicha secuencia y una o varias funciones biológicas concretas. Este último tipo de información, que es fruto de investigaciones complementarias, puede permitir la identificación de caracteres genéticos que revistan interés técnico o económico. En otras palabras, el mero conocimiento de una secuencia genética no basta para identificar sus funciones ni para caracterizar una invención patentable. Por el contrario, la identificación de funciones biológicas concretas puede contribuir al desarrollo de aplicaciones técnicas susceptibles de ser objeto de solicitudes de patente, siempre que cumplan los requisitos de patentabilidad. Por consiguiente, es necesario saber con precisión qué información se ve afectada por las licencias anunciadas por el USDA y a qué se refieren los posibles derechos de propiedad intelectual reivindicados.
Esta iniciativa de Estados Unidos agrava las tensiones que actualmente existen a nivel internacional entre, por un lado, la conservación y el acceso facilitado a los recursos fitogenéticos que conforman la biodiversidad vegetal y, por otro, la apropiación de dicha biodiversidad a través de la imposición de derechos de licencia para el acceso a la información sobre los DSI que contienen y su función (y no para el acceso a los propios recursos fitogenéticos). Además, ignora el hecho de que las semillas no deben considerarse meros recursos nacionales, sino el resultado de una larguísima historia colectiva, de milenios de domesticación, cruces, selección, conservación e intercambios llevados a cabo por los agricultores, los pueblos indígenas y las comunidades locales, en su mayoría de países distintos de Estados Unidos. Una historia tan esencial que la comunidad internacional ha establecido los instrumentos necesarios para protegerlas contra la biopiratería, protección que hoy se ve amenazada, en particular por aquellos países que desean que estos DSI no estén sujetos a las mismas normas.
… que puede extenderse a nivel internacional
La información de secuenciación digital se obtiene a partir de plantas que pueden proceder de diferentes fuentes, silvestres o cultivadas, incluidos los bancos de semillas, que distan mucho de ser todas originarias del territorio que las alberga. Desde la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), estas fuentes se consideran «pertenecientes históricamente a la nación de origen» y pueden ponerse en común según las condiciones del Tirpaa y/o del CDB, condiciones que siguen siendo objeto de debate en estos dos foros internacionales.
El National Plant Germplasm System (NPGS) organizó expediciones de recolección en al menos 20 países extranjeros entre 2007 y 2017, tal y como atestigua un artículo de Plants publicado en octubre de 2020iv. Esto confirma —por si fuera necesario— que la colección de semillas estadounidense no está compuesta exclusivamente por recursos de origen estadounidense. Calificar de «propiedad intelectual estadounidense» el conjunto de los resultados derivados de la secuenciación del banco nacional de semillas ilustra la visión puramente económica del USDA. Por mucho que el Ministerio de Agricultura de EE. UU. afirme, en su comunicado del pasado 6 de octubre, que pretende poner esta propiedad intelectual «a disposición de los agricultores estadounidenses», lo único que hace —a través de las patentes— es contribuir a la concentración del sector de las semillas, tanto a escala local como internacional.
De hecho, este proyecto de Estados Unidos tendrá sin duda repercusiones más allá de sus fronteras. La secuenciación exhaustiva de las semillas del banco nacional estadounidense, combinada con la inteligencia artificial, ya está generando —y seguirá generando— información de secuenciación de datos (DSI) que puede ser objeto de solicitudes de patente y que, una vez concedidas, podrán reivindicarse en numerosos países. Las empresas —muchas de ellas multinacionales seleccionadas por la administración estadounidense— se beneficiarán de las licencias de acceso a los DSI y podrán reivindicar patentes sobre «invenciones» que los utilicen.
De este modo, podrán constituirse monopolios a escala internacional sobre una serie de «invenciones» derivadas de los recursos naturales que son las semillas contenidas en este banco nacional estadounidense, siempre que los países en cuestión autoricen las patentes sobre dichas «invenciones». Los derechos relacionados con las patentes que eventualmente se concedan sobre estas DSI se referirán entonces a rasgos nativos, secuencias genéticas con una función concreta, procesos de obtención, detección, identificación, etc. Esta apropiación generará riesgos jurídicos y económicos para las pequeñas y medianas empresas de semillas y para los agricultores, que disponen de pocos recursos —o, a menudo, ninguno— para saber si están utilizando una «invención» patentada y, por lo tanto, si se convierten en potenciales infractores. Sin embargo, es precisamente su labor histórica como agricultores la que ha permitido que estas semillas existan.
Este ejemplo no es único. Otros países se han embarcado en programas de secuenciación de sus recursos genéticos y, en ocasiones, como en el caso de Estados Unidos, de identificación de funciones asociadas a diversas secuencias. Por ejemplo, Japón publicó en mayo de 2020 la secuenciación completa de 69 accesiones [muestra de semillas identificable de forma única que se conserva para su estudio y uso] de su colección de semillas de arrozv y, en junio de 2026, los Países Bajos anunciaron que disponían de datos de secuenciación del genoma completo de 519 accesiones de lechugasvi. La India y China también cuentan desde hace varios años con programas de secuenciación de determinadas especies. Sin embargo, el proyecto Seed Sovereignty de Estados Unidos llama especialmente la atención por su envergadura, su exhaustividad y el uso de la inteligencia artificial para identificar las posibles funciones asociadas a las secuencias genéticas. En particular, suscita inquietudes respecto al riesgo de que no se compartan los beneficios derivados del uso de los DSI procedentes de semillas presentadas como «nacionales», cuando la mayoría de estas semillas son originarias de otros países.
Una laguna en la distribución de beneficios
Seed Sovereignty no prevé la distribución de beneficios, ya que, en su declaración, la secretaria de Agricultura subraya que «los tratados internacionales que regulan el intercambio de semillas no se extienden a la información de secuenciación ni a los datos genómicos». Esta interpretación no es compartida por la mayoría de los países del «Sur global» que son partes en estos tratados internacionales, en este caso el Tirpaa, único tratado sobre este tema ratificado por Estados Unidos. Brooke Rollins recuerda con sus palabras la postura internacional de Estados Unidos respecto a la cuestión del reparto de beneficios derivados de los DSI. Cabe recordar que Estados Unidos no es parte del CDB ni del Protocolo de Nagoya, que estableció el principio de la distribución de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
No obstante, Estados Unidos está jurídicamente vinculado a las obligaciones del Tirpaa desde marzo de 2017, que contiene disposiciones sobre esta cuestión de la distribuciónvii. En 2017, Estados Unidos anunció la incorporación de unas 500.000 muestras de sus colecciones nacionales al Sistema Multilateral (SML) del Tirpaa. Esta cifra, inferior al número total de accesiones conservadas por el NPGS (621.600 en 2024), sugiere que no todos los recursos de esta red se han declarado explícitamente en el SML.
Sin embargo, el Tirpaa no prevé explícitamente ningún mecanismo específico para la distribución de los beneficios derivados de la utilización de los DSI. Esta laguna es objeto de debates que aún no han llegado a buen puerto, ya que los países y las multinacionales «del Norte» se niegan a considerar jurídicamente los DSI como componentes genéticos de los recursos genéticosviii. Estas controversias alimentan la incertidumbre sobre el régimen actualmente aplicable a dicha informaciónix.
Aunque Estados Unidos fuera parte del CDB, desde hace tiempo considera, al igual que Francia, Japón y la Unión Europea, que debe establecerse una distinción entre la información derivada de los recursos genéticos (DSI) y los recursos genéticos físicos de los que procede. Según ellos, la DSI sería un producto de la investigación, y no un componente de los recursos genéticos, y desempeñaría un papel esencial en la investigación científica. Su intercambio rápido y abierto constituiría en sí mismo una fuente de beneficios no monetarios, lo que no impide que Estados Unidos quiera monetizarlos. Esta postura les lleva a oponerse a los mecanismos internacionales que puedan regular el uso de estos DSI, especialmente cuando implican obligaciones de trazabilidad, de reparto de beneficios, de consentimiento previo e informado del CDB o la prohibición de la patentabilidad del artículo 12.3.d) del Tirpaax.
La postura de Estados Unidos se asemeja, por tanto, más a una posición política y jurídica que a una conclusión aceptada sobre el alcance de los tratados relativos a las semillas y su «explotación». No obstante, podrán, sobre todo gracias a las patentes y a los acuerdos de libre comercio que imponen su reconocimiento por parte de otros países, controlar el acceso al patrimonio fitogenético de otros países. Este control se ejercerá bajo el pretexto de supuestas «invenciones», reconocidas como patentables en numerosos sistemas de patentes, en particular el de la OEP (Oficina Europea de Patentes), y ello sin compartir en absoluto los beneficios con los países proveedores de dicho patrimonio.
Los DSI aún no se han definido oficialmente a nivel internacionalEl término «DSI» puede referirse tanto a los datos obtenidos de la secuenciación que proporcionan información sobre la composición de una secuencia genética, como a la información complementaria que permite establecer un vínculo entre dicha secuencia y una o varias funciones biológicas concretas. Sin embargo, estas dos categorías de información no tienen necesariamente el mismo alcance científico, técnico y jurídico. Esta distinción es fundamental para evaluar las obligaciones de reparto de beneficios previstas en el Tirpaa. La digitalización de los recursos fitogenéticos puede constituir una actividad de investigación cuyos resultados e información no confidencial deben compartirse de conformidad con las disposiciones del Tirpaa relativas al intercambio de información y a los resultados de la investigación. Este intercambio de información es distinto del reparto monetario de los beneficios. La cuestión se plantea de manera diferente cuando la información derivada de dicha investigación es objeto de una valorización comercial, en particular mediante la concesión de licencias o la explotación de derechos de propiedad intelectual. En tal caso, conviene determinar con precisión qué información se valoriza, si constituye componentes genéticos de los recursos fitogenéticos en cuestión y qué obligaciones de reparto de beneficios pueden derivarse de ello. Así pues, la puesta a disposición de los resultados de la investigación, la concesión de licencias sobre bases de datos y la valorización comercial de la información relativa a las funciones de las secuencias genéticas no constituyen una única y misma operación. Plantean cuestiones jurídicas distintas, que no pueden resolverse recurriendo únicamente al término genérico de «DSI». Por lo tanto, la comercialización de información derivada de la secuenciación no implica automáticamente que sean aplicables todas las obligaciones de reparto monetario, pero plantea claramente la cuestión de su posible aplicación.
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Referencias:
i Cami Koons, «El USDA aumentará la investigación sobre los almacenes de semillas de EE. UU. y colaborará con el Departamento de Justicia para investigar el sector de las semillas», Iowa Capital Dispatch, 6 de octubre de 2026.
ii USDA, Servicio de Investigación Agrícola, «Oficina de Transferencia de Tecnología».
iii USDA, Servicio de Investigación Agrícola, «El sistema de germoplasma vegetal», 2025.
iv Halewood, Michael et al., «Adquisición y distribución de germoplasma por parte de los bancos de genes del CGIAR», Plants (Basilea, Suiza), vol. 9, 1er de octubre de 2020.
v Centro de Investigación de Recursos Genéticos, NARO, «Secuenciación del genoma completo de la Colección Básica Mundial de Arroz (WRC) de la NARO», 2020.
vi Universidad de Wageningen, «Datos genéticos y genómicos de las accesiones del CGN», 2 de junio de 2026.
vii FAO, «Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura» (TIRPAA), 2009.
viii Denis Meshaka, «Fondo Cali: un año después, la promesa se desvanece», Inf’OGM, 30 de abril de 2026.
ix
Denis Meshaka, «A
pesar de las negociaciones en 2024, persisten los desacuerdos sobre
los DSI», Inf’OGM,
25 de febrero de 2025.
Denis Meshaka, «El
Tirpaa trabaja en una reforma controvertida», Inf’OGM,
10 de junio de 2025.
x Convenio sobre la Diversidad Biológica, «Puntos de vista e información de EE. UU. sobre la información de secuencias digitales relativa a los recursos genéticos», 31 de mayo de 2019.
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